Cristian Díaz Sandoval
10 de oct de 20181 min.
Resumen
La justicia en su configuración legal, específicamente penal, es un producto cultural que no debe distanciarse de su justificación ética, debido a su carácter antropológico, que entraña la aspiración más sentida de equidad que tiene la persona y la comunidad. La constitución política de un estado pluriétnico y multicultural, como el Perú, reconoce la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, como jurisdicción especial, lo cual la integra a la jurisdicción ordinaria, de la misma manera que están integradas las jurisdicciones civil, laboral, de familia, comercial, penal, entre otras especialidades, pese a que dicha jurisdicción tiene los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos e históricos necesarios para ser considerada una jurisdicción de excepción, como es el caso de las jurisdicciones militar y arbitral, ambas por respectivas razones sui géneris. En la consecuente coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, asoma un direccionamiento ex profeso por parte de aquella sobre ésta, lo cual origina una grave asimetría en el deber del estado de incorporar a dichas comunidades al horizonte de la modernidad, resultando esta coordinación más favorable a los intereses de la justicia ordinaria, la cual está enmarcada en el deficitario e injusto sistema judicial común.
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